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martes, 5 de diciembre de 2017

Hemingway en Pamplona en 1929

El otro día desmentía aquí uno de los errores que contiene la exposición "Recuperando a Hemingway" que está instalada en la plaza del Castillo de Pamplona. Un error muy difundido, hay que decir como atenuante de sus responsables. Pero no es el único. En la misma muestra se reproduce una fotografía inédita (al menos yo, hasta ahora, la desconocía) donde se puede ver a Hemingway en torno a una mesa acompañado de otras personas a las que no se identifica, y se asegura que está tomada en los sanfermines de 1925.


En realidad, la fotografía tiene que ser del año 1929. El individuo que está a la izquierda de Hemingway, con corbata, es Guy Hickok, corresponsal en París del Brooklyn Daily Eagle, uno de los periódicos de mayor tirada de Estados Unidos por aquel entonces. Acompañó a Hemingway en su visita a los sanfermines de 1929, y escribió una serie de catorce crónicas sobre las fiestas que se publicaron en su periódico (de las cuales escribí aquí).


domingo, 3 de diciembre de 2017

La falsa película de Man Ray en Pamplona

En estos días de inicios de diciembre de 2017 el Ayuntamiento de Pamplona ha organizado una serie de actividades bajo el título de “Recuperando a Hemingway” que incluye, además de conferencias y proyección de películas, la colocación en la plaza del Castillo de una exposición de paneles y fotografías. Se presta especial atención al famoso fotógrafo Man Ray, del cual se dice que estuvo en Pamplona en 1929 donde filmó una película titulada “Corrida”.

Gracias a esta iniciativa municipal he conocido esa película de Man Ray, un primitivo cortometraje en blanco en negro que muestra el desarrollo de una corrida de toros. Se puede ver en internet: http://youtu.be/Y-jg6RWv7Jo 

Por lo que he podido comprobar, la mayoría de quienes se refieren a esta película consideran que está rodada en Pamplona, aunque otros dicen que se trata de una plaza de toros francesa no identificada. Tras visionarla detenidamente he sacado la conclusión de que no puede ser la plaza de toros de Pamplona. Todas las plazas de toros se parecen, pero hay algunos detalles que las distinguen a unas de otras, principalmente cómo están rematados los tendidos y las gradas altas. En el cortometraje de Man Ray se observa que la plaza tiene dos gradas, la superior adornada con arcos de medio punto, y en ambas hay unas barandillas metálicas. Si observamos fotografías de la plaza de toros de Pamplona inaugurada en 1922, que es la actual aunque la grada superior fue sustituida en 1967 por la andanada que hoy conocemos, vemos que las barandillas son de hormigón y que la superior no está rematada por arcos.



Comparando con fotografías de otras plazas, la plaza de toros del cortometraje se parece a la antigua de Madrid, situada en la carretera de Aragón, donde ahora está el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid de la calle Goya, que fue construida en 1874 y demolida en 1934, después de que se inaugurara la actual de Las Ventas.


Corrijo la redacción anterior para señalar, a la luz de un comentario recibido en este blog, que también podría tratarse de la antigua plaza de toros de San Sebastián, conocida como El Chofre, construida en 1903 y derribada en 1973, y que guarda muchas semejanzas con la de Madrid.



Dado que el único indicio de que Man Ray visitó Pamplona en 1929 es este cortometraje, me temo que esa supuesta visita probablemente no existió… 

martes, 28 de noviembre de 2017

Medallas e historia



Las medallas y otros premios honoríficos que conceden las instituciones, públicas o privadas, suelen ser utilizadas muy habitualmente para recompensar a “uno de los nuestros” de los otorgantes. El galardón, de alguna manera, se concede ad maiorem gloriam de los intereses de quien lo concede. Pero es lógico. A la hora de encontrar méritos relevantes que merezcan ser reconocidos cada cual suele encontrarlos entre los suyos, los que comparten valores, principios, visión de la realidad y proyectos. A los que no son de los nuestros les encontramos principalmente deméritos.

Esto ha venido siendo así, entre otros muchos casos, con la Medalla de Oro de Navarra. El ejecutivo foral de turno, primero la Diputación Foral y luego el Gobierno de Navarra, la ha venido concediendo a personas próximas en lo ideológico o, cuando menos, no contrarias a las ideas de quienes mandaban. La primera se concedió a Franco en 1974, al tiempo que se le nombraba hijo adoptivo de Navarra, por la última corporación franquista. Luego se ha ido premiando por compromiso institucional (Juan Pablo II, Juan Carlos I, Juan de Borbón, Jorge Oteiza, Volkswagen) y para reconocer méritos que encajaban bien, sobre todo, en el imaginario fuerista-conservador propio de UPN que ha gobernado durante más años y ha concedido la mayoría de las medallas: Diario de Navarra, Universidad de Navarra, Cáritas, misioneros navarros, víctimas del terrorismo, empresarios y sindicatos, centros navarros en América, asociaciones jacobeas, salesianos… Ojo, no digo que esas personas e instituciones no merecieran el reconocimiento, simplemente que los criterios de selección estaban claramente escorados. Por otro lado, la concesión de esta medalla se ha aprovechado también para reconocer instituciones sin sesgo político que cumplían aniversarios (el Orfeón Pamplonés, la UPNA, Donantes de Sangre, etc.) o personas también políticamente neutras con méritos y proyección social indiscutibles (Induráin, Hermoso de Mendoza, etc.).

El cambio de 2015 supuso que el nuevo ejecutivo optara por reconocer a personas más próximas al universo mental del nacionalismo vasco y que, en la época anterior, difícilmente hubieran sido premiadas. José María Jimeno Jurío y Pedro Miguel Echenique fueron galardonados los dos primeros años, también en ambos casos personas con méritos sobrados. El problema ha surgido al tercer año, cuando se ha concedido a título póstumo (muy, muy póstumo, hay que precisar) a Arturo Campión, Hermilio de Olóriz y Julio Altadill, por su aportación a la historia, la cultura y la identidad de la Comunidad Foral y, principalmente, por ser los diseñadores de la bandera de Navarra. Sorprende lo tardío del reconocimiento. El diseño de la bandera tuvo lugar hace 107 años. El último en fallecer de los tres, Campión, lo hizo hace 80 años. Solo se explica la concesión de esta medalla si se tiene en cuenta que los tres son ilustres figuras del fuerismo de entresiglos, caracterizado por un vasquismo que entonces compartían la mayoría de las fuerzas políticas navarras pero que luego fue rechazado por el regionalismo navarrista y apropiado por el nacionalismo vasco. Tres “de los nuestros”, podríamos decir. Y que diseñaran la bandera de Navarra tiene su aquel. Ante el intento de apropiación de esta por el navarrismo, manifestación de 3 de junio pasado, el ejecutivo foral quiere reclamar también su participación no solo en la titularidad y el uso sino incluso en el origen del símbolo. Envido más.

El problema es que otras fuerzas políticas se dan cuenta de la jugada y echan un órdago. No hay más que copiar el precedente de 2014. Entonces el ejecutivo formado por UPN concedió la medalla a Félix Huarte Goñi y Miguel Javier Urmeneta Ajarnaute, también a título muy póstumo, invocando el medio siglo cumplido por el plan de industrialización de Navarra que promovieron. Creyeron que la presencia de Urmeneta, un personaje muy atípico, voluntario requeté, militar, expedicionario con la División Azul, alcalde con el franquismo, demócrata en la Transición, bien apreciado por el nacionalismo vasco por su vasquismo, justificaría el reconocimiento a Félix Huarte, un personaje mucho más estrechamente vinculado al franquismo. Tampoco coló la maniobra, el Parlamento de Navarra, con el voto a favor de PSN, Bildu, NaBai, Geroa Bai e I-E, y el voto contrario de UPN y PPN, se pronunció contra la concesión de la medalla. La mayoría de los grupos contrarios a su concesión no asistieron al acto de entrega.

La historia se repite ahora. El Parlamento de Navarra, con los votos de UPN, PSN, PPN e I-E, rechaza la concesión de la medalla a Campión, Olóriz y Altadill, mientras que Geroa Bai, Bildu y Podemos votan en contra. Los grupos contrarios a la concesión anuncian que no irán al acto de entrega de la medalla.

En ambas ocasiones, en 2014 y en 2017, se manejan criterios parecidos, aunque curiosamente algunas fuerzas políticas en una ocasión defienden lo que en la otra criticaron, y critican a los que ahora defienden lo que ellos mismos hicieron. De fondo, el eterno tema de la historia. ¿Se pueden hacer juicios sobre personas que vivieron hace muchos años, en otras circunstancias históricas, desde el presente, desde otros parámetros políticos y sociales? La respuesta, en mi opinión, es que se puede y se debe, pero que se debe hacer desde la historia como disciplina científica, en un ámbito académico, con rigor, con cuidado, con mesura, con desapasionamiento. No se debe hacer desde la política. Desde la política no se hacen juicios históricos sino juicios políticos que suelen ser siempre favorables a “los nuestros”. Les perdonamos sus errores, incluso sus crímenes, atendiendo a que su época era así. Ensalzamos sus aciertos, sus logros, sus enseñanzas, interpretándolas siempre desde la perspectiva más favorable para los tiempos presentes. A “los otros”, a los del enemigo, juzgamos de igual manera pero a la inversa. Destacamos sus errores, que más que errores son crímenes, y minusvaloramos sus méritos. La política es sectaria, sobre todo porque los seres humanos somos, en general, muy sectarios.

Tanto el ejecutivo de 2014 como el de 2017 se quejan de lo mismo. Que se manipula políticamente la concesión de la medalla, que no se puede enjuiciar desde el presente a los premiados. Obvian el hecho de que los primeros que han tratado de utilizar la figura de los premiados han sido ellos, los concedentes de las medallas. Han sido los primeros que han hecho un juicio desde el presente, favorable, por supuesto. Luego se sorprenden de los efectos que tiene su decisión, debates exagerados que no llevan a ninguna parte, manipulación de la historia, tiempo dedicado a hablar del pasado cuando debiéramos estar hablando de los problemas del presente. Y sí, bastante de ello hay, pero, como reza un aforismo jurídico, quien es causa de la causa es causante del mal causado.

Mejor que dejemos a los muertos en paz. Las medallas, los premios, los reconocimientos, los elogios, mejor en vida.

jueves, 2 de noviembre de 2017

Sobreactuar



Dice el Diccionario de la RAE que sobreactuar, además de “realizar una interpretación exagerada” cuando es dicho de un actor o de una actriz, también es “exagerar la expresión al actuar ante alguien”. Dado que la política, en buena medida, consiste en actuar ante el público, es frecuente en ella la sobreactuación. Más preocupante es que, en España, en los últimos años también se ha vuelto normal la sobreactuación en la Fiscalía y en la Justicia, aunque solamente en algún tipo de causas, las que tienen que ver con los nacionalismos periféricos (Dios nos libre de que afecte a la corrupción, los accidentes de trabajo o los delitos fiscales).

Ejemplos de la sobreactuación penal son el tartazo a la entonces presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, en 2011. La Fiscalía pidió 6 años de prisión y finalmente se impusieron “solo” 2 años por atentado contra la autoridad. Estampar tartas en la cara de cualquiera es un hecho bastante feo, pero la pena parece un tanto excesiva, sobre todo si la comparamos con otros delitos y otras sentencias. Por ejemplo, hace poco unos policías han sido condenados a dos años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia profesional. O recordemos el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981; algunos condenados lo fueron a uno o dos años de prisión.

Otro ejemplo reciente fue el de los titiriteros que el año pasado estuvieron en prisión durante cinco días acusados de  enaltecimiento del terrorismo y de atacar derechos y libertades públicas; finalmente la causa fue archivada. Y pendiente de juicio se halla el caso de los incidentes en Alsasua en 2016, donde varios acusados llevan casi un año de prisión preventiva y la Fiscalía pide 12 años y 6 meses por sendos delitos de lesiones terroristas por agresión a dos guardias civiles y sus  respectivas parejas (la suma hace 50 años para cada encausado) y otro tanto a un acusado por amenazas terroristas. La lesión más grave fue una fractura de tobillo que tardó en curar tres meses. Los hechos son condenables, pero la reacción del Estado es desmesurada. Hay asesinatos que en España se castigan con penas menores que las solicitadas para el caso de Alsasua.

Y, claro, si así están las cosas, no podíamos esperar contención en la causa de la independencia de Cataluña. Rebelión, sedición, prevaricación, malversación de fondos públicos, desobediencia… La Fiscalía fuerza el relato de los hechos, uno se pregunta dónde ha visto la violencia multitudinaria que se exige para la rebelión, el propio Tribunal Supremo al admitir la querella ya ha matizado que quizás solo haya que investigar una conspiración; y la jueza de la Audiencia Nacional que ha admitido otra querella se pasa por el arco del triunfo una resolución anterior que ya estableció que ese órgano no es competente para el delito de rebelión, pero aprovechando que el Llobregat pasa por Barcelona ha estimado preferible que el asunto se juzgue cerca del Manzanares.  Es posible que algunos de los políticos acusados hayan cometido algún delito (pienso yo que desobediencia es el más probable), pero encausarles por rebelión es otro caso claro de sobreactuación. Afortunadamente, lo que decide un órgano judicial es revisable por otro, y luego por otro y así sucesivamente hasta llegar a Estrasburgo, donde probablemente acabe todo esto dentro de unos años.

Y si la Fiscalía y la Justicia sobreactúan, pues algunos de los acusados también. Lo de montar un Gobierno de Cataluña en el exilio (o, mejor, medio Gobierno), con el presidente Puigdemont dando ruedas de prensa en Bruselas, incurre en la misma exageración. Claro está que la exageración viene siendo la norma en todo el procés y la reacción contra el mismo. Si unos acusan a los independentistas de dar un golpe de Estado, otros acusan a Rajoy al aplicar el artículo 155 de dar otro golpe de Estado, banalizando lo que es un verdadero golpe de Estado. La desproporcionada actuación policial del 1 de octubre se califica, desproporcionadamente, de estado de excepción. La manifiestamente mejorable democracia española se tacha de continuación de la dictadura franquista, la no menos mejorable autonomía catalana es una dictadura nacionalista donde se adoctrina a los niños en las escuelas, y entre unos y otros se hace normal intercambiar calificativos como fascista, nazi, golpista, antidemócrata, y de ahí hacia arriba.

En fin, que necesitaríamos mejores actores.

Post data. 17:43 h. En perfecta coherencia con lo anterior, la juez Lamela envía a ocho consejeros del Gobierno catalán a la cárcel. Esta mujer es un peligro.

jueves, 19 de octubre de 2017

Después del 155



No sé si en unas pocas horas o en unos pocos días se dará aplicación al art. 155 de la Constitución española y, en contra de lo que manifiesta casi todo el mundo, no me preocupa mucho si se aplica o no. Aclararé que, en mi opinión, lo deseable sería que no hubiera ni declaración unilateral de independencia de Cataluña ni aplicación del art. 155. Pero incluso quienes se manifiestan en este sentido asumen que ambas cosas van unidas; si se produce la declaración unilateral, es inevitable aplicar el art. 155; e incluso los independentistas afirman que, si se aplica el art. 155, procederán a la declaración de independencia con todos sus efectos.

Lo que realmente me preocupa es qué se pretende con la aplicación del art. 155, es decir, qué concretas medidas se adoptarían y, lo que es más importante, cuál es la estrategia que tiene diseñada el Gobierno de España para solucionar el problema catalán. Me temo que tal estrategia es ninguna. Afirmar el imperio de la ley, la vuelta a la legalidad, la primacía de la Constitución, no constituyen sino lemas vacíos desprovistos de una propuesta política. A los políticos, empezando por Mariano Rajoy, no les pagamos para que respeten y apliquen la ley. Eso se da por supuesto, en los políticos y en todos los demás ciudadanos. Lo que se espera es que hagan política, es decir, que tomen medidas para resolver los problemas y para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, y que incluso promuevan la modificación de las leyes cuando se revelen inadecuadas a esos fines.

En una crisis de Estado, en una crisis constitucional como la que vive España desde hace unos años, proclamar que hay que cumplir las leyes a todas horas no basta, pero de momento es lo único que vienen haciendo el Gobierno de Rajoy y el PP. Incluso cuando invocan el art. 155 no precisan ni explican qué medidas contemplan ni con qué finalidades. Los rumores dicen que, quizás, se convoquen nuevas elecciones en Cataluña. ¿Qué espera el Gobierno de esas elecciones? ¿Qué los independentistas queden en minoría? Es más que dudoso, pero debieran aclararlo, y aclarar también qué alternativa de Gobierno autonómico se espera que salga adelante. Tampoco estaría de más que tuvieran preparada alguna alternativa para el caso de que se repitiera la mayoría independentista en el Parlamento de Cataluña. ¿Qué haría entonces el PP? ¿Le ofrecería diálogo? ¿Con qué propuestas? ¿O volvería a disolver el Parlamento?

Después de bloquear durante décadas una reforma constitucional que contemple, entre otras cosas, la regulación del modelo territorial (la que se contiene en la Constitución de 1978 está más que agotada y es insuficiente para resolver los problemas del presente y garantizar un buen funcionamiento del Estado), el PP ahora se abre a alguna reforma, pero no aclara en qué sentido. ¿Qué modelo territorial ofrece? ¿Unitario, autonómico, federal? ¿Más descentralizado, menos descentralizado? ¿Simétrico, asimétrico? ¿Con alguna particularidad para Cataluña? ¿Despojando a las comunidades autónomas de sus competencias en educación? ¿Prohibiendo a los partidos independentistas? ¿Con qué diseño de la cooficialidad de lenguas? ¿Con posibilidad de que las comunidades autónomas consulten a sus ciudadanos en materia de su competencia? ¿Está dispuesto a reformar el Estatuto de Cataluña? ¿En qué sentido? ¿Qué plazos tendría una reforma constitucional? ¿Seguiría el procedimiento de reforma total o el de reforma parcial? ¿Con referéndum o sin referéndum? ¿Con quién estaría dispuesto a pactarla? Un denso misterio rodea cuáles son las propuestas de Mariano Rajoy en todas estas materias, si es que las tiene, cuál sería el contenido del diálogo que afirma que está abierto no se sabe con quién.

Que la postura de los independentistas catalanes sea irresponsable, infantil y se encuentre fuera de la Constitución no dispensa de la obligación de ofrecer alternativas serias y concretas desde el Estado. Sí, nuestro mundo es muy complejo, la política se ha vuelto muy difícil, nadie comprende del todo los problemas que nos aquejan, nadie tiene soluciones fáciles, vivimos en constante perplejidad. Pero el remedio no puede ser refugiarse en recetas falsas pero sencillas de explicar, en lemas vacíos pero que la gente entienda, en consignas que apelen a las emociones más viscerales (patria, bandera, nosotros), en grandes palabras y escasos proyectos concretos. Y mucho menos en descripciones exageradas y apocalípticas de nuestra realidad; no, en Cataluña no se ha producido un golpe de Estado; no, en Cataluña no se ha declarado el estado de excepción; no, en Cataluña no ha habido un mandato democrático con todas las garantías para proclamar la independencia; no, los Mozos de Escuadra no están en estado de sedición; no, a nadie se apalea por hablar catalán o por hablar castellano; no, en España no hay presos políticos en el sentido de personas encarceladas solo por sus ideas (aunque es obvio que ni la Justicia es del todo independiente ni algunos jueces tienen la menor idea de qué significa proporcionalidad).

Creo que el debate real no es art. 155 sí o no, sino art. 155 para qué.

lunes, 25 de septiembre de 2017

Otra modesta proposición



En El País de hoy, 25 de septiembre de 2017 (día de San Fermín chiquito en Pamplona, día menos seis en la cuenta atrás para el referéndum o lo que sea catalán del 1-O) se publica un imaginativo artículo de John Carlin, uno de los mejores periodistas que escriben hoy en España (no sé si porque no es español), titulado “Una modesta proposición”. En resumen, lo que propone es que Cataluña, en lugar de independizarse, se incorpore al Reino Unido o, según como cada quien lo quiera ver, incorporar el Reino Unido a Cataluña, matando de un tiro los dos grandes problemas europeos, el Brexit y el Catexit.

Creo que todo lo que sea proponer alternativas a la situación actual, de choque de trenes y de bloqueo del diálogo, es positivo. Por eso voy a proponer otra. Si los británicos estuvieran implicados en el problema catalán, si se les llamara para intervenir en el procès, seguramente no apostarían por la incorporación de Cataluña sino que harían otra propuesta más en consonancia con su historia, que es la que me voy a atrever a adelantar aquí. La partición de Cataluña.

La técnica de la partición ha sido empleada por el Reino Unido varias veces para resolver conflictos territoriales. En 1920, ante la desavenencia entre republicanos y unionistas, dividieron a Irlanda en dos, Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, esta pronto, al obtener la independencia, sería denominada Irlanda a secas. En 1947, para resolver los conflictos entre hindúes y musulmanes, dividieron la India en dos, la Unión India, de mayoría hindú, y Pakistán, de mayoría musulmana, y les otorgaron la independencia separada. En 1948, con aval de la ONU, para resolver el enfrentamiento entre árabes y judíos, dividieron Palestina en dos estados, uno judío (Israel) y otro árabe (que nunca ha acabado de constituirse, aunque desde 1994 existe una Autoridad Nacional Palestina de dudosa naturaleza).

Igualmente, dado que los catalanes están divididos casi por la mitad entre independentistas y no independentistas, lo más razonable es la partición del territorio siguiendo el criterio de otorgar a cada parte las zonas donde constituyan mayoría. Así, tomando como base las elecciones plebiscitarias del 27 de septiembre de 2015 (véase mapa), a los no independentistas (o sea, a España) les correspondería la franja costera de las provincias de Barcelona y Tarragona y algunas comarcas leridanas, entre ellas la capital y el valle de Arán (la familia Borbón podría seguir yendo a esquiar a Baqueira-Beret); a los independentistas les tocaría el resto. Esta segunda zona, que podría tomar como capital Gerona, decidiría si se independiza o se integra en el Reino Unido, como propone Carlin. La Cataluña española quedaría mayormente aislada del resto del territorio español, pero podría pactarse algo para que el AVE y la A-2 tengan un estatus de extraterritorialidad, o de soberanía compartida, para asegurar las comunicaciones. Y en caso de no alcanzarse el acuerdo siempre quedaría el puente aéreo…


jueves, 3 de agosto de 2017

Retribuciones de los funcionarios y poder adquisitivo

Con la nómina de este mes de agosto de 2017 a los funcionarios navarros, han anunciado, nos aplicarán la subida del 1 % prevista en los Presupuestos Generales del Estado y nos la abonarán con efectos desde el pasado 1 de enero. En fin, que recibiremos una "paguica" extra con la que afrontar los gastos de las vacaciones veraniegas. Y digo bien, "paguica", porque su cuantía no será para tirar cohetes. Si el salario medio de un empleado público en Navarra anda en torno a los 36.000 euros al año, la subida media es de 360 euros anuales y lo que percibirá en agosto por los primeros ocho meses del año serán unos 240 euros. Confieso que yo estoy entre los funcionarios bastante mejor retribuidos que la media y calculo que a mi me abonarán unos 380 euros.

Algunos pensarán que, con esta noticia, los funcionarios estaremos contentos. Pues no, o, por lo menos, no muy contentos. Claro que es mejor una subida del 1 % que ninguna subida, como venimos padeciendo en los últimos años de rigurosa congelación salarial, y mejor que un recorte de retribuciones, como el que nos perpetraron el año 2010 con una media del 5 % a todos los empleados públicos. En todo caso, seguimos en la misma senda de la constante pérdida de poder adquisitivo a la que los funcionarios estamos acostumbrados. Tan acostumbrados como que no hemos conocido otra cosa por muchos años que llevemos en la función pública.

Me he molestado en calcular la pérdida de poder adquisitivo en mi caso particular. Ingresé en la Administración en 1985. En el cuadro adjunto he colocado los datos de incremento del IPC en Navarra cada año desde entonces y la comparación con los incrementos salariales que se han ido aprobando en las sucesivas leyes forales de presupuestos (la comparación es, en cada caso, con el IPC del año anterior). El resultado... ya se ve. Gracias a los rácanos incrementos, casi siempre muy por debajo del IPC, a las frecuentes congelaciones y al recortazo de 2010 (he indicado el mío, no fue igual para todos dependiendo de los niveles), no logramos recuperar ni la mitad de lo que supone la inflación.

Hay que precisar que, normalmente, los funcionarios no pasamos hambre. La principal razón de que, pese a esa continua pérdida de poder adquisitivo, no estemos famélicos es que percibimos unas retribuciones complementarias por antigüedad. Se supone que retribuir la antigüedad del empleado, lo mismo en el sector público que en privado, tiene que ver con ofrecerle una esperanza de progreso en su situación económica, proveer las mayores necesidades que pueda tener en razón de sus cargas familiares, darle un aliciente para la mejora y premiar la fidelidad del empleado con la empresa. Esa es la teoría. En la práctica, solo sirve para amortiguar la pérdida de poder adquisitivo. He calculado que, en mi caso, con 32 años de servicios, los complementos por antigüedad (grado más quinquenios, en la normativa foral, la regulación es distinta para los funcionarios que se rigen por la legislación estatal) me incrementa el sueldo, aproximadamente, en un 23 % sobre lo que percibiría sin esos complementos. Es decir, amortigua pero no llega a compensar ni de lejos. Tambien ayuda a sostener la economía del empleado público el que, a lo largo de sus años de servicio, tenga oportunidad de hacer algún tipo de carrera profesional, de promocionar hacia puestos mejor retribuidos. Por esta vía algunos funcionarios, aunque no todos, también logran equilibrar la pérdida de poder adquisitivo, aunque a costa de que, en realidad, la promoción no significa mejorar los ingresos sino, simplemente, mantenerse a flote. No es posible cuantificar los ingresos por promoción profesional mediante una media, porque las situaciones son muy diversas, pero calculo que en mi caso puede rondar entre el 20 y el 25 % el incremento que supone sobre el sueldo que tendría si siguiera en el mismo puesto por el que entré en la Administración.

Quizás algún lector que haya llegado hasta aquí esté pensando que "ya están los funcionarios, esos privilegiados con trabajo fijo, quejándose como siempre". Reconozco que, tal como está el país, la mayoría de la población está peor que los empleados públicos (y yo no me quejo de mi situación en particular, mejor que la de la mayoría de los funcionarios). La cifra de desempleo sigue siendo escandalosa y, a menudo, más escandalosos son los datos sobre la precariedad laboral y la reducción salarial experimentada por la inmensa mayoría de los trabajadores, por no hablar de los pensionistas y su condena a una constante y sostenida pérdida de ingresos. Pero lo que no es de recibo es esa tramposa percepción que corre riesgo de instalarse en nuestra sociedad sobre que tener un trabajo fijo ya no es un derecho, como dicen la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución española, sino un privilegio. Tener un privilegio supone disfrutar de una ventaja no justificada sobre los demás, algo a lo que los demás no tienen derecho y no pueden reclamar y, por ello, resulta injusto por contrario al principio de igualdad. Muy mal estamos si consideramos el tener trabajo fijo como un privilegio que habría que recortar para hacernos a todos precarios, y también si tener un salario digno, que mantenga el poder adquisitivo a lo largo del tiempo, es otro privilegio igualmente susceptible de ser abolido. Que no nos coman el tarro. El problema no es el puesto fijo de los funcionarios, sino la temporalidad y precariedad de muchos trabajadores, el problema no son los sueldos de los funcionarios, sino los salarios míseros de tantos trabajadores o las pensiones roñosas de tantos pensionistas. Pero, en unos y otros casos, los responsables son los mismos y contra ellos debemos dirigir las críticas todos los demás que, si algo tenemos en común, es que, en mayor o menor cuantía, todos estamos perdiendo.